Campo 22 de Hoeryong: las preguntas que dejó su cierre
Más allá del nombre de una prisión
El Campo 22 no era solamente un edificio oculto tras un muro. Asociado a Hoeryong, en la provincia norcoreana de Hamgyong del Norte, comprendía asentamientos, campos agrícolas y un paisaje de producción de carbón. Kwan-li-so n.º 22 y Haengyong son nombres unidos a esta historia de reclusión política. Su cierre señalado en 2012 fue noticia internacional, pero el fin del funcionamiento de una prisión y una respuesta sobre sus presos son dos cosas diferentes.
La investigación de David Hawk para HRNK, publicada en 2013, situaba sus orígenes a mediados de la década de 1960 y describía ampliaciones durante las de 1980 y 1990. Identificaba sectores como Chungbong, con una importante mina de carbón, Sawul y Haengyong. Esta geografía dispersa explica por qué una investigación no podía limitarse a la desaparición de una puerta o un edificio. La institución ocupaba un territorio productivo cuya actividad podía continuar después de cambiar su régimen de reclusión.
El mismo estudio recurría a Ahn Myong-chul, guardia del Campo 22 entre 1990 y 1994. Sus tareas lo habían llevado por diferentes sectores, lo que permitió obtener un relato histórico de su organización. La experiencia de un antiguo guardia informa sobre un período concreto; no equivale a una observación continua durante las décadas siguientes. Esa diferencia resulta especialmente importante al pasar de la historia del funcionamiento a la del desmantelamiento.
La incertidumbre de las imágenes de 2012
Las noticias del cierre circularon a finales de septiembre de 2012. El 1 de octubre, el centro de análisis de DigitalGlobe comenzó a examinar el lugar con HRNK. Al informe de octubre le siguió una actualización fechada el 11 de diciembre. Los investigadores trataban de determinar si los cambios visibles respaldaban las noticias y si la continuidad de la minería y la agricultura significaba trabajo de presos o la llegada de otra mano de obra.
La evaluación de diciembre comparó imágenes de mayo de 2011 y de octubre y noviembre de 2012. La vegetación estacional, los ángulos de observación y la cobertura limitaban las comparaciones. Un número importante de puestos pequeños y torres parecía demolido o abandonado, mientras seguía habiendo actividad en otras posiciones. Esa mezcla importaba: la reducción de infraestructura de seguridad sugería una transformación, pero algunas estructuras parecían operativas. Las imágenes no aclaraban las razones de las autoridades.
Los autores también examinaron asentamientos mineros vecinos y afirmaciones de que sus trabajadores se habían trasladado a las zonas productivas del antiguo campo. Las imágenes no permitían confirmar ese desplazamiento concreto. Algunas minas grandes próximas ya estaban inactivas antes del período estudiado, mientras persistían pequeñas extracciones y cultivos. El aspecto cambiante de una mina no identificaba a sus trabajadores ni establecía adónde había ido la mano de obra anterior.
Por qué las investigaciones posteriores hablaron de cierre
En 2013, Hawk combinó las imágenes anteriores con entrevistas e información que llegaba desde el interior de Corea del Norte. Recogió relatos según los cuales agricultores y mineros civiles se instalaban en terrenos antes trabajados por presos. La evaluación resultante consideró que el Campo 22 ya no funcionaba como prisión política. Era una conclusión formada con pruebas de distinta naturaleza, no algo demostrado de manera aislada por una sola fotografía de satélite.
Un informe de HRNK y AllSource Analysis de septiembre de 2015 sobre Yodok volvió al Campo 22 como comparación que exigía prudencia. Explicaba que la continuidad agrícola y minera había parecido inicialmente compatible con un campo operativo. Al combinar imágenes, testimonios e información del país surgió otra interpretación: trabajadores civiles habían asumido tareas antes realizadas por presos. La actividad productiva podía sobrevivir a la institución que la había organizado.
El cierre describía, por tanto, un cambio en el uso y la administración del territorio; no demostraba la liberación de los antiguos detenidos. La investigación de 2013 consideraba su destino y paradero la principal cuestión sin respuesta. Las noticias de traslados y las cifras de población muy dispares no constituían un registro comprobado de personas. No es posible establecer adónde fue cada preso a partir de una torre retirada o un terreno que sigue cultivándose.
La historia que permanece abierta
El contexto nacional tampoco permite un final tranquilizador. La evaluación de septiembre de 2025 de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó de al menos cuatro campos políticos todavía operativos, después de cierres y ampliaciones durante la década anterior. Describía graves violaciones dentro del sistema. Esto no demuestra la reapertura del Campo 22 y no debe presentarse así. Sí establece que el final señalado de esta prisión no terminó con la reclusión política en Corea del Norte.
Un cierre comunicado tampoco convierte el territorio en un memorial abierto al público. El 29 de octubre de 2026, la alerta estadounidense emitida el 29 de abril de 2025 mantenía el nivel 4: no viajar a Corea del Norte, por detenciones arbitrarias y otros riesgos. Los pasaportes estadounidenses requieren autorización especial. No existe base para proponer un itinerario turístico independiente, y una ubicación satelital no es una invitación ni un permiso de entrada.
La historia del Campo 22 contiene un contraste difícil: las huellas materiales pueden desaparecer mientras la responsabilidad permanece. Una torre demolida puede medirse; la desaparición de una persona exige dar cuenta de una vida. Las minas, las parcelas y los antiguos límites de seguridad conservan parte de la geografía. Esclarecer qué ocurrió con quienes estuvieron recluidos entre ellos sigue siendo la tarea inconclusa más importante, más allá del año que suele asociarse al cierre.